El viernes 6 se aprobó en el Consejo de Ministros el RD por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
En la norma aprobada se regula un registro común y la sede.
No quisiera ser negativa pero la verdad es el registro común demuestra cómo complicar las cosas para desarrollar al administración electrónica cuando, en lugar de simplificar, se traslada el proceso actual al electrónico.
Hace tiempo que no entiendo el sentido del registro común si no es más que para resolver el inicio o presentación de escritos en los procedimientos que tienen escaso uso y que no compensa un desarrollo. En el 2004 hice un escrito comentando el error de crear un registro de este tipo, por descontado fue ignorado al no coincidir con la tesis oficial.
El registro común, en el sentido de permitir presentar escritos para otra administración, tiene su sentido cuando el registro es presencial y el ciudadano debía desplazarse a la capital para realizar los trámites con la administración correspondiente. Para evitar este desplazamiento, se dió la posibilidad de acercar la administración al ciudadano, permitiéndole presentar sus escritos en el registro más cercano (ayuntamiento, otro Ministerio o Correos). En Internet esto carece de sentido y por tanto esta no es una razón válida para este registro.
Alguno dirá que facilita que da facilidades al ciudadano que no tiene que conocer dónde tiene que presentar las cosas. Si, pero esto se desmonta fácilmente: por un lado el ciudadano debe poner siempre el destinatario y por tanto se le obliga a conocer el Departamento al que va el escrito y por otro al ciudadano se le priva de las posibilibidades de asistencia que le puede ofrecer la aplicación asociada al procedimiento en cuestión. Así que, con sentido común, el registro común aprobado no admitirá escritos para procedimientos que ya tienen cabida en otro registro electrónico. Por tanto el registro se queda para procedimientos con poco uso.
En este caso hubiera sido mejor hacer un registro genérico en cada organismo, pues cuesta poco una vez que se tiene registro electrónico, y no meterse en berenjenales.
¿Cómo se complican las cosas con el registro común?
- Lo primero es que debe haber un directorio actualizado de todos los procedimientos que están adaptados a la Ley y que no se deben iniciar en el registro común.
- Debe determinarse qué documento se pueden admitir y qué formato (esto es lo que menos complica ya que hay que hacerlo en cualquier caso).
- Debe exisit un modo de determinar a qué Departamento va, de enviar el asiento registral y los documentos adjuntos.
- Debe contemplarse la posibilidad de error en el destino y por tanto el reencaminamiento o error en el procedimiento y por tanto la decisión de no admitir dicho escrito.
- Debe nombrarse un responsable de ese registro y una unidad que lo gestione que actualmente no existe.
- Por último si contempla la posibilidad de consultar posteriormente los documentos registrados (hago notar que en ningún registro ni presencial ni telemático se permite dicha consulta), el registro se convierte en un repositorio de documentos electrónicos para el ciudadano, con las complicaciones adicionales que ello acarrea. Hasta ahora en el artículo 37 de la Ley 30/92 contemplan el derecho del ciudadano a consultar los documentos que forman parte del expediente del que son interesado o tienen autorización. Y en la Ley 11/2007 contempla el acceso en la consulta del estado de la tramitación.
¿Hay que complicar lo sencillo? ¿merece la pena el esfuerzo? La única razón que se puede esgrimir es que obliga en la Ley 11/2007 .
Otro punto interesante es la sede. En este caso me reservo el comentario hasta leer el texto final, ya que la versión que he leido creo que ha sido modificada.
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